Presentan querella por administración desleal contra ex directivos de Corporación GGV

El escándalo al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla continúa y derivó en su cierre. En el momento de su asunción, la alcaldesa de la comuna Daniela Norambuena la calificó como «la corporación más endeuda de Chile» e hizo énfasis es su escasa sostenibilidad y el despilfarro de recursos.

Los hechos no datan del último año, ya que en febrero de 2024 salió a la luz que 19 funcionarios fantasmas recibieron pagos por boletas de honorarios por un monto de $761 millones. Los sucesos ocurrieron entre 2020 y 2021 y gatillaron la salida de la directora del Departamento de Salud, Lorena Casarín.

Tras estos hechos controversiales, la entidad a cargo de la salud municipal y cementerios presentó este miércoles 29 de octubre una ampliación de querella por los hechos detectados en auditorías forenses. La acción pretende perseguir a los responsables por irregularidades graves en educación

De acuerdo a la corporación municipal, la deuda en septiembre asciende a $83.626.033.357, lo que deriva en, por ejemplo, conflictos con los proveedores. Por razones como la anteriormente expuesta, es que se anunció el cierre de esta entidad.

En 2023 informaron que un total de 95 funcionarios que trabajaban a honorarios no fueron reconocidos por el directorio. Entre 2014 y 2024 se pagaron un total de $1.000 millones en boletas por trabajos sin respaldo.

Se presentaron querellas en contra del ex. alcalde y presidente de la Corporación, Roberto Jacob. A este se le suman los últimos tres secretarios generales, es decir, Patricio Bacho, Ernesto Velasco y Jorge Díaz, además de la directora del Departamento de Educación, Sandra Castro.

«Administración desleal»

El ex-fiscal regional Adrián Vega detalló que esta investigación se da por «gastos irregulares en educación. Por lo tanto, secretario general, jefe de finanzas, jefe de departamento de Educación y Control debieron tomar peso sobre el progresivo endeudamiento de la corporación municipal, por las cotizaciones previsionales».

A su vez, hizo hincapié en las responsabilidades fiscalizadoras por parte de la Corporación. «Los cinco querellados se alternaron, salvo uno y lo consideramos como ejercicio abusivo en la toma de decisiones en el patrimonio de otras personas».

Al respecto de la administración desleal, explicó que esta «tiene una pena en función de cuál es el perjuicio causado de quien administra los dineros. Las penas son de simple delito, no superan los cinco años pero fraude al fisco ya es más grave, pueden llegar a los 10 años»

«Ñoquis, jamás entregaron un servicio»

La alcaldesa de La Serena Daniela Norambuena en primer lugar felicitó a los funcionarios que habrían hecho posible dar los números de este fraude. «Las personas que estuvieron a cargo y que no supervigilaron esta situación y permitiern este tipo de delitos que están ratificados ante el Ministerio Público».

La edil señaló lamentar esta situación y que esto «afecta a las personas que van a un Cesfam y no tienen medicamentos. Lo mismo el deterioro de los colegios y el estado en el que se les entregó al Slep y pido las disculpas públicas».

«El modus operandi era el mismo que ocurría en salud sucedió en el departamento de salud. 95 boletas falsas, «ñoquis», personas fantasmas, que jamás fueron a entregar un servicio por $1.000 millones», añadió. Este término refiere a funcionarios públicos que perciben su sueldo a fin de mes sin prestar ninguna función y es originario del lunfardo argentino.